La Casa del Rey ha expresado su "respeto a las decisiones judiciales" tras conocer la decisión del juez instructor del caso Nóos, José Castro, de citar a declarar a la infanta Cristina como imputada por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. El jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, en una entrevista concedida al programa Audiencia Abierta de TVE, antes de conocer la imputación de la infanta, Spottorno precisó: "Hay que confiar siempre en la Justicia, siempre hemos respetado las actuaciones del magistrado" y "lo único que pedimos" es "que termine pronto". El jefe de la Casa del Rey subrayó que él piensa que "el señor magistrado entenderá que está ya en condiciones" de "cerrar el sumario", tras reiterar que para la Corona es "un martirio" ver "día tras día repicando este tema".
La Casa del Rey ya manifestó su "máximo respeto por las decisiones judiciales" cuando, el 7 de mayo del año pasado, la Audiencia de Palma dejó sin efecto la imputación de doña Cristina decidida un mes antes por el juez. Aquella resolución de José Castro suscitó una reacción de la Jefatura del Estado muy comentada en aquel momento, ya que la Casa del Rey expresó su "sorpresa" por "el cambio de posición" del juez Castro y mostró su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía de presentar un recurso contra esta medida.
El juez Castro comunicó este martes su decisión de imputar a la infanta Cristina por un delito fiscal y de blanqueo de capitales, por lo que la ha citado a declarar el próximo 8 de marzo a las 10 de la mañana, tal y como informa EFE. El titular del juzgado que instruye el caso Nóos quiere que la hija menor del Rey explique los gastos que entre los años 2006 y 2008 se cargaron a las cuentas de la sociedad mercantil Aizoon S.L. que doña Cristina posee a medias con su esposo, Iñaki Urdangarin. Miquel Roca, abogado de la infanta, señaló que discrepa de la decisión del juez Castro de imputar a doña Cristina, por lo que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia de Palma para evitar que tenga que acudir a declarar el próximo 8 de marzo (tiene un plazo de cinco días para hacerlo). Aseguró que tiene argumentos para demostrar la inocencia de su cliente.
Doña Cristina ha continuado con su rutina diaria este martes, cuando se ha hecho pública su imputación. Ha llevado a sus hijos al colegio a primera hora de la mañana, en Ginebra (Suiza) donde residen, y luego ha ido a trabajar a su oficina.
Tras una prolija investigación sobre la participación de la hija menor del Rey en la actividad de Aizoon, la sociedad que compartía con su esposo y a través de la que presuntamente se desviaron fondos captados de manera fraudulenta de instituciones públicas, Castro pidió el pasado 9 de diciembre a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la duquesa de Palma. Sólo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se ha declarado favorable a que Castro llame a declarar a doña Cristina, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la propia infanta se manifestaron contrarias a la imputación.
Imputada por segunda vez
Esta es la segunda ocasión en la que Castro imputa a la Duquesa de Palma tras haberlo hecho el 3 de abril del año pasado. Entonces, la citación quedó en suspenso después de que la Fiscalía Anticorrupción se opusiera en un recurso y la Audiencia de Palma la dejara sin efecto en un auto dictado en mayo.
En ese mismo auto, la Audiencia Provincial apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50 % junto a su marido. El tribunal expresó recelos sobre un informe de la Agencia Tributaria que llevó a imputar delitos fiscales a Urdangarin y Torres. "No se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda pública y, tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales, y que en tales ilícitos hubiera podido participar la infanta", decía el auto del pasado mayo.
El tribunal de la Sección Segunda se refirió a Aizoon como "una pantalla que se constituyó con una finalidad defraudatoria" y cuestionó que los ingresos de esa sociedad, dedicada originalmente a la gestión inmobiliaria, pudieran haberse destinado "al pago de gastos particulares" por parte de los duques de Palma, conociendo su origen ilícito desde marzo de 2006.
"La infanta debería saber o conocer, y por eso abandona el instituto Nóos, que para entonces Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda tanto en el impuesto de sociedades (...) como de la personas físicas y que se ha enriquecido por contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon al Instituto Nóos", dijo la Audiencia. "Esas disposiciones de dinero sucio quizás podrían constituir un delito de blanqueo de capitales", decía el auto.
A partir de este pronunciamiento, Castro inició una prolija investigación de la que se ha derivado este martes la imputación de la Duquesa de Palma.
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