La infanta Cristina ha sido imputada este miércoles en el caso Nóos por el juez instructor, José Castro, que la ha citado a declarar en Palma el próximo sábado 27 de abril, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB). La declaración de la Infanta está prevista para las 10.00 horas en los juzgados de Vía Alemania de la capital balear, en el marco de esta causa que investiga a Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, y a su exsocio por el presunto desvío de más de 6 millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos. Urdangarin está imputado en esta causa desde diciembre de 2011 y ha prestado declaración en dos ocasiones, en febrero de 2012 y febrero de 2013.
El magistrado ha decidido imputarla después de la séptima remesa de correos electrónicos facilitados por Diego Torres, enfrentado con Urdangarin desde que se abrió la causa judicial contra ambos, y no antes, como recuerda el juez en un auto de 19 páginas, que se ha notificado a las partes alrededor de las 13.30 horas, por la insuficiencia de datos objetivos en aquel momento que posibilitaran dicha imputación, circunstancia que no ha cambiado "hasta fechas muy recientes".
Según Castro, a partir de la declaración del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y de los numerosos correos electrónicos aportados a la causa, y tras escuchar la versión dada por el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, surgen "una serie de indicios" que hacen dudar de que la Infanta desconociera la aplicación que su esposo diera a su mención como vocal en la junta directiva de Nóos. Así que le tomará declaración sobre su intervención en la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada y la entidad mercantil Aizoon SL, y sobre el "manejo y destino de los fondos obtenidos a través de las mismas y las que se deriven".
En el auto en el que cita a declarar como imputada a la infanta, el juez Castro señala que no despejar en la instrucción del caso la duda de si ella conocía la aplicación que hacía Urdangarin de su presencia como vocal en el Instituto Nóos y en la empresa Aizoon SL sería "un cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos". Castro señala que dejar que esa "incógnita se perpetúe" sería, además, una contradicción con la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales.
Un portavoz de la Casa del Rey consultado por EFE nada más conocer la noticia de la imputación de la infanta declaró que "la Casa no comenta decisiones judiciales". A última hora de la tarde, sin embargo, la Casa del Rey ha expresado su "sorpresa" por el cambio de "posición" del juez Castro al haber decidido imputar a doña Cristina, al tiempo que ha mostrado su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía de recurrir esta medida por considerar que no existen indicios criminales que relacionen a la infanta con las actividades del Instituto Nóos.
Un año de correos
Los mail de Torres, que tratan de demostrar la implicación de la Infanta en los negocios del Instituto Nóos, han puesto en este año en una situación muy comprometida tanto al Duque de Palma -uno de ellos puso en evidencia el mal uso que hacía de su título- como a su entorno. De hecho, han salpicado a Carlos García Revenga, secretario de las Infantas desde hace más de veinte años y tesorero del Instituto Nóos en el momento que era presidido por Iñaki Urdangarin, que ha sido imputado y citado a declarar en los Juzgados de Palma de Mallorca. "Pese a mi condición de tesorero del Instituto Nóos, nunca tuve firma autorizada en sus cuentas, ni poder de decisión en la gestión de las mismasni en su contabilidad; y, de ninguna forma, directa o indirectamente, he recibido ningún tipo de remuneración ni de beneficio", aseguraba en un comunicado remitido a varios medios de comunicación.
Según fuentes judiciales, la imputación de la Infanta, de la que tanto se ha estado hablando en los últimos meses, no se llevaría a cabo a menos que el exsocio de Urdangarin presentara una prueba irrefutable contra ella. Y la Fiscalía no veía ningún indicio en su contra, ya que las últimas declaraciones, investigaciones y correos entregados por Torres no avalaban una supuesta participación en los negocios del Duque de Palma. También se dijo que, de haberlo, doña Cristina podría desligarse de la institución monárquica de manera voluntaria para mantener la estabilidad familiar y no perjudicar más a la Corona, si bien el portavoz de la Zarzuela negó en su momento haber realizado ninguna presión ni indicación a la Infanta para que renunciara a sus derechos dinásticos o para que se divorciara. Cualquier decisión en el futuro será sólo iniciativa suya.
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