Ni Iñaki Urdangarin ni Diego Torres afrontaron el pago de la fianza solidaria de casi 8,2 millones de euros impuesta por el juez José Castro, que investiga el presunto desvío de fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana a través del Instituto Nóos. El plazo finalizaba a medianoche del miércoles y hasta entonces no habían depositado el dinero. A partir de ahora, el juez podrá embargar sus propiedades. El bien inmueble más valioso del duque de Palma es el palacete de Pedralbes, una casa-torre en Barcelona que la pareja compró en 2004. Tiene además otros pisos en propiedad.
En consecuencia, el juzgado puede iniciar el proceso conocido como "apremio" y poner en marcha los trámites para proceder al embargo de sus bienes hasta cubrir los casi 8,2 millones de euros. No obstante, no es previsible que ese procedimiento comience de forma inmediata, tal y como han informado fuentes jurídicas. En la mañana de este jueves se efectuará una nueva comprobación en la cuenta del Juzgado así como en el de guardia de la capital balear para ver si se ha depositado la cantidad solicitada. En caso de que no figure, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma podrá iniciar en breve los trámites para embargar los bienes de ambos encausados, quienes deberán designar los mismos hasta cubrir la caución fijada por el magistrado. Una vez comprobado su valor se procedería a su embargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). En caso de que ni Urdangarin ni Torres señalasen bienes concretos, el Juzgado iniciaría una investigación de la totalidad de su patrimonio en aras a embargarlo en cuantía suficiente hasta cubrir la suma reclamada.
Sin embargo fuentes judiciales han precisado a Europa Press que el hecho de que haya expirado el plazo para abonar la fianza, no impide que más adelante puedan depositarla, lo que paralizaría el proceso de embargo de los bienes.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear ordenó el pasado día 30 al Duque de Palma y a Torres aportar, de forma solidaria, 8.189.448,44 euros en concepto de fianza de responsabilidad civil por las posibles responsabilidades que pudieran atribuirse a ambos en el caso Nóos. La cifra, que se ajusta con exactitud a la solicitada por la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias, corresponde a los fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana percibidos por Nóos entre 2004 y 2007 por diversos contratos presuntamente irregulares, más un tercio añadido de esa cantidad como se hace habitualmente en cálculos procesales.
Antes de la decisión judicial, el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, había alegado en contra de las peticiones de fianza y había negado que en la instrucción se hubieran detectado indicios de que su defendido hubiera cometido ningún delito ni de que se hubiera lucrado o causado "daño patrimonial de ninguna clase". Pascual Vives había entregado además al juez un informe pericial elaborado por un abogado del Estado que indicaba que los convenios firmados por el Instituto Nóos con las administraciones públicas se regían por el derecho privado y no requerían concurso público y en el que, por tanto, cuestionaba los posibles delitos de prevaricación y malversación. Por su parte, la defensa de Torres había calificado de "desatinada" la petición de fianza de las acusaciones y había negado en sus alegaciones que el Instituto Nóos o sus responsables hayan cometido "acto ilícito de suerte alguna".
Frente a la versión de la defensa, el juez instructor del caso Nóos fue tajante. El juez Castro señaló en el auto en el que impuso la fianza, que en la causa hay "más que suficientes indicios de criminalidad" en la actuación de Urdangarin y Torres al frente del Instituto Nóos. Apuntó a la comisión por parte de ambos de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias en varios de los convenios que suscribieron a través de Nóos; detalló en el auto numerosas irregularidades en los convenios firmados entre el Instituto Nóos y las administraciones públicas, que calificó de "transgresiones palmarias" de la ley, y acusó a los principales imputados de crear la entidad como supuesta asociación cuando estaba presidida por un "desmedido ánimo de lucro".
Ayer, la víspera a que expirara el plazo para hacer efectiva la fianza, Urdangarin y su exsocio interpusieron sendos recursos de apelación a la decisión judicial, si bien estas acciones no paralizaban la obligación de depositar antes de medianoche la caución por responsabilidad. El Duque de Palma ha dado un giro en su estrategia defensiva al advertir en el escrito de que podría formular en el futuro una apelación al Tribunal Constitucional por haberse vulnerado su derecho de defensa debido a la “inclusión de escritos y testimonios” que desconocía, ya que “no podía defenderse de aquello que se ignora”. La argumentación contra el auto judicial en el que se les exige la fianza solidaria a él y a su exsocio abre el camino para la anulación del proceso.
El mismo lunes Pascual Vives había asegurado que "pintaba feo" poder reunir esa cantidad de dinero y ayer declaró a los periodistas a las puertas de su despacho que todavía no había alcanzado un acuerdo "en firme" con el abogado de Torres, Manuel González Peeters, sobre la fianza y volvió a recordar que, si no podían hacer frente al pago, la ley establecía el embargo de bienes. En tal caso, Urdangarin deberá responder con sus propiedades y, en especial, con la residencia de Pedralbes que adquirió junto a la infanta Cristina.
¿Qué ocurrirá ahora? El 23 de febrero está cerca. Ese día, el juez instructor Josñe Castro escuchará la defensa de Iñaki Urdangarin, así como la del secretario de la infanta Cristina, Carlos García Revenga, citado inmediatamente después de la comparecencia del Duque de Palma de Mallorca, a las 13 horas. Pero antes hay otra fecha clave en el desarrollo del caso. El 16 de febrero comparecerá Diego Torres ante el juez Castro y de su testimonio dependerá que el magistrado decida o no imputar a doña Cristina. Los últimos correos electrónicos facilitados por Torres han puesto en una situación muy comprometida tanto al Duque de Palma -uno de los últimos puso en evidencia el mal uso que hacía de su título- como a su entorno. De hecho, han salpicado a Carlos García Revenga, secretario de las Infantas desde hace más de veinte años y tesorero del Instituto Nóos en el momento que era presidido por Iñaki Urdangarin, que ha sido imputado y citado a declarar en los Juzgados de Palma de Mallorca. "Pese a mi condición de tesorero del Instituto Nóos, nunca tuve firma autorizada en sus cuentas, ni poder de decisión en la gestión de las mismasni en su contabilidad; y, de ninguna forma, directa o indirectamente, he recibido ningún tipo de remuneración ni de beneficio", aseguraba en un comunicado remitido a varios medios de comunicación.
Pero, según fuentes judiciales, la posible imputación de la Infanta, de la que tanto se ha hablado en los últimos días, no se llevará a cabo a menos que el exsocio de Urdangarin presente una prueba irrefutable contra ella. Y de momento no la hay. Aunque se ha dicho que, de haberla, doña Cristina podría desligarse de la institución monárquica de manera voluntaria para mantener la estabilidad familiar y no perjudicar más a la Corona, lo cierto es que el portavoz de la Zarzuela ha negado hoy a los periodistas que cubren en el Palacio Real la entrega de las cartas credenciales al Rey, por parte de los nuevos embajadores de Francia, Italia, Canadá, Australia, Senegal y Grecia, haber realizado ninguna presión ni indicación a la Infanta para que renuncie a sus derechos dinásticos o para que se divorcie. Cualquier decisión en el futuro será sólo iniciativa suya. Añadió que la hija del Rey estuvo la semana pasada dos veces en Madrid, simplemente para ver a su madre, la reina Sofía, por estar pasándolo “especialmente mal”.
La Duquesa de Palma, que atraviesa el peor momento de su vida, está dispuesta a mantener su matrimonio, pase lo que pase, aunque ya no oculta que está muy afectada por los últimos acontecimientos. Que la Casa Real haya marcado las distancias con Iñaki Urdangarin, vetándole de la agenda de actos oficiales y excluyéndole de la web oficial, no está siendo fácil de asimilar para la Infanta; tampoco que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca haya retirado el título (duques de Palma de Mallorca) de una céntrica calle tras constatar la indignación de los palmesanos "ante una conducta poco ejemplar y una falta de consideración hacia el título y nombre de nuestra ciudad", explicó el portavoz Julio Martínez. La Duquesa se refugia en sus hijos e intenta, por ellos, hacer una vida normal en su día a día, aunque en la intimidad reconoce su preocupación.
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