El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha fijado hoy una fianza solidaria de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros para Iñaki Urdangarin y su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, por las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en su contra en esta pieza que investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.
El magistrado les da un plazo de cinco días para el pago, desde el siguiente a la notificación, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas.
En un auto dictado hoy, el magistrado ha acordado fijar dicha fianza para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en su contra en esta pieza separada del caso Palma Arena.
La cifra se ajusta a los 8.189.448 euros que habían solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias. Por su parte, la abogacía de la comunidad autónoma de Baleares había solicitado que se fijara una caución de 3.498.014,81 euros.
En el mismo auto, el juez solicita que Urdangarin y Torres indiquen si tienen antecedentes penales y, además, indica a la Comunidad valenciana la posibilidad de adherirse a la reclamación de fianza.
En el escrito en el que solicitó la fianza, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach atribuyó al duque de Palma y a su exsocio "una actividad delictiva premeditada" dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007.
Horrach sostiene que Urdangarin y Torres deben resarcir a las arcas públicas por "la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos", más un tercio de esa cantidad, como es habitual en el cálculo de las responsabilidades civiles por posibles intereses y costas del proceso, hasta alcanzar los 8.189.448 euros.
El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, alegó en contra de las peticiones de fianza y negó que en la instrucción se hayan detectado indicios de que su defendido haya cometido ningún delito ni de que se haya lucrado o causado "daño patrimonial de ninguna clase".
Pascual Vives entregó además al juez un informe pericial elaborado por un abogado del Estado que indica que los convenios firmados por el Instituto Nóos con las administraciones públicas se regían por el derecho privado y no requerían concurso público, de manera que cuestiona los posibles delitos de prevaricación y malversación.
Por su parte, la defensa de Torres calificó de "desatinada" la petición de fianza de las acusaciones y negó en sus alegaciones que el Instituto Nóos o sus responsables hayan cometido "acto ilícito de suerte alguna".