María José Campanario se derrumba en el juicio de la Operación Karlos: 'Me he sentido estafada, humillada, juzgada y condenada'

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Los imputados en la ‘Operación Karlos’ vivieron ayer uno de sus días más difíciles. Maria José Campanario sabía que le esperaba un día duro y por eso decidió acudir a las ocho de la mañana, dos horas antes de que comenzara una nueva sesión del juicio, a la de la Audiencia Provincial de Cádiz acompañada por su madre, Remedios Torres, y su marido, Jesulín de Ubrique, que está siendo su mayor apoyo en estos momentos.

La preocupación de María José no era infundada ya que ayer compareció Carlos Carretero, el principal implicado en el caso, que confesó que cobró 18.000 euros por tramitar la pensión de incapacidad de Remedios Torres, una afirmación a la que tanto María José como su madre han mostrado su disconformidad en todo momento. En su contestación a preguntas del fiscal, Carlos Carretero desmontó las líneas de defensa de la esposa del torero Jesulín de Ubrique y de su madre, dos de las acusadas que no han pactado con el fiscal aceptar los hechos que se les imputan. Carretero afirmó que conoció a Campanario y a su madre en una cena en la que salió la conversación de ayudar a esta última, que tenía una invalidez, a conseguir una incapacidad laboral permanente. Para ello, asegura que el inspector médico Francisco Casto Pérez, otro de los acusados, le dijo que tenía que cotizar algunos meses a la Seguridad Social, por lo que Carretero le hizo un contrato de un año como limpiadora de su asesoría, aun sabiendo que no iba a realizar ninguna tarea en ella. 

Sin embargo, hoy le ha tocado el turno a María José Campanario y un día después de las duras acusaciones del ex jefe de la Policía Local de Ubrique, la mujer de Jesulín de Ubrique ha tenido la oportunidad de dar su propia versión de los hechos.  Durante más de dos horas, María José ha contestado a las preguntas del fiscal y de su abogado defensor y aunque en un principio parecía tranquila y serena, al final no ha podido contener las lágrimas cuando ha confesado que durante la instrucción del caso se ha sentido “engañada, estafada, humillada, juzgada y condenada” y que estos han sido "los cinco años más duros" de su vida.

María José ha explicado que pagó 9.000 euros por esas gestiones porque quería "que a mi madre la vieran los mejores especialistas y que le revisaran el expediente". "Para que a mi madre le vean los mejores especialistas pago 9, 24, o 72.000 euros", ha afirmado Campanario, tras asegurar que ni ella ni su madre supieron "jamás" que el supuesto cabecilla de la red, Carlos Carretero, había hecho un contrato a Remedios Torres para darle de alta en la Seguridad Social.

Por su parte, el inspector médico Francisco Casto Pérez, uno de los principales acusados en la trama para obtener fraudulentamente pensiones de incapacidad laboral desmantelada en la 'Operación Karlos', ha negado su implicación en los hechos y ha dicho que ha sido "evidentemente utilizado" y ha pecado "de pardillo". Su comparecencia se produce un día después de que Carretero dijera ante el tribunal que él era la persona a la que él remitía sus peticiones y la que hacía los trámites necesarios para "acelerar" las gestiones. Sin embargo, el inspector médico ha aseverado que él era "desconocedor completamente" del fraude y ha asegurado que "nunca, jamás", en sus 25 años de experiencia, ha tenido problemas con los expedientes que ha tramitado ni ha aceptado "un regalo" por hacer su trabajo. "Los inspectores tenemos por norma no aceptar ni una botella de vino", ha asegurado.

Sobre el caso de Remedios Torres, la madre de María José Campanario, ha explicado que fue citada en su consulta por el equipo administrativo y que fue con un contrato como limpiadora de una gestoría (la de Carlos Carretero) y con informes médicos en los que constaba que padecía dos hernias cervicales, una dolencia que, por "consenso técnico", "nunca se opera". Por eso él propuso una incapacidad permanente. "Y se acaba ahí mi participación" en el caso, puesto que, según ha contado, a partir de ese informe el caso pasa a ser tramitado por otras instancias en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.