María José Campanario ha comparecido esta tarde en la Audiencia Provincial de Cádiz, donde ha comenzado la vista oral por el caso de la Operación Karlos. María José ha entrado en el edificio acompañada por su madre Remedios Torres que está imputada también en este caso y por su marido Jesulín de Ubrique. La mujer del torero habría recurrido supuestamente, según las investigaciones, a una vía fraudulenta para obtener compensaciones económicas por bajas laborales con la intención de beneficiar a su madre (habría pagado supuestamente dieciocho mil euros para que su progenitora recibiera una baja de incapacidad laboral). La fiscalía pide una pena de cuatro años y seis meses de prisión para cada una.
El proceso, que ha levantado una gran expectación (hay casi un centenar de profesionales de prensa acreditados), está previsto que continúe durante las próximas semanas (durante 18 jornadas más), que será cuando María José Campanario tenga que declarar, para finalizar el 10 de junio. Se sentarán en el banquillo además el ex jefe de la Policía Local de Ubrique Carlos Carretero, considerado el principal responsable de esta trama, y el inspector médico Francisco Casto. Serán también procesados médicos de la sanidad pública y presuntos beneficiarios por las pensiones de invalidez concedidas con informes falsificados.
La trama de la 'operación Karlos' de fraude a la Seguridad Social quedó al descubierto cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique (Cádiz), podría encontrarse implicado en una trama organizada dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales. Tras las primeras investigaciones, constataron que esta persona contaba con la connivencia del inspector médico Francisco Casto. Éste se apoyaba en determinados facultativos, tanto de atención primaria como especialistas, para expedir bajas e informes médicos falsos e iniciar el expediente de incapacidad laboral o por accidente, encargándose de supervisar estos documentos mediante el cobro de dinero.
Además, según la Guardia Civil, informes médicos emitidos por especialistas pudieron incluso ser falsificados por alguno de los facultativos implicados. Para ello, los interesados abonaban cantidades que oscilaban entre los 9.000 y los 24.000 euros, con el fin de beneficiarse de estas pensiones fraudulentas.
El seis de abril de 2006, María José fue llevada a declarar al juzgado de Jerez de la Frontera, quedando en libertad bajo una fianza de 12.000 euros tras haber pasado diez horas ante el juez. En octubre de 2008, declaró: "Tengo ganas de que salga ya la sentencia y que me digan ya lo que va a ser para que yo pueda hablar, me pueda explicar por fin. Se han dicho muchas cosas que no son verdad. Partiendo de esa base se ha creado un juicio paralelo. Si tengo que ir a la cárcel iré a la cárcel y ya está. Espero que la Justicia sea justa y llegue el día que yo pueda explicar mi verdad”.
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