El fuerte aumento del paro ha vuelto a convertir la Seguridad Social en una amenaza para la estabilidad financiera de España. Por esta razón, los ajustes para garantizar el equilibrio de sus cuentas serán automáticos. Así se recoge en la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria aprobada el viernes por el Consejo de Ministros. Esto supone abrir la puerta para un nuevo retraso de la edad de jubilación o para acelerar el periodo transitorio de la reforma aprobada hace un año, tal como se ha planteado en otros países de la eurozona.
De esta manera se modifica la ley de Pensiones aprobada por el gobierno socialista en enero del 2011. En ella se incluye una cláusula pactada con los agentes sociales que preveía un ajuste cada cinco años en función de la evolución de la esperanza de vida y del PIB. Esta cláusula, denominada "factor de sostenibilidad", se ha incluido en las reformas de todos los países de la eurozona y suponía de hecho despolitizar el ajuste de ingresos y gastos de la Seguridad Social, para evitar debates como el que se produjo en España en la negociación del pacto de Toledo y que demoró el ajuste más de dos años.
La cláusula, que ya entonces fue interpretada como el final del pacto de Toledo, estaba pendiente de desarrollo legislativo y, según el acuerdo, estaba previsto un debate para determinar cómo se regulaba y ponía en marcha.
El Gobierno ha resuelto el problema incluyéndola en la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Tal como consta en el texto aprobado, "el Gobierno, en caso de proyectar un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones, revisará el sistema aplicando de forma automática el factor de sostenibilidad previsto en la ley 27/2011 (...) sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social".
El objetivo de esta decisión es evitar que las injerencias políticas pongan en riesgo el sistema público de pensiones. Lo cierto es que la Seguridad Social se encuentra en un delicado equilibrio tras el acelerado aumento del paro. En noviembre se perdió la cota de 2,5 cotizantes por cada pensionista y la tasa se aproxima al nivel que tenía en 1996, cuando saltaron las primeras alarmas.
Esta situación se ha visto agravada por la decisión del Gobierno de actualizar las pensiones con la inflación, que costó 1.382 millones, como denunció el Banco de España en su último boletín económico. De hecho, la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social superó el pasado 1 de enero los 7.299 millones, tras subir un 4,6% más que en enero del 2011. El número de pensiones contributivas se sitúa ya en 8,87 millones, tras crecer un 1,4% en el 2011. El problema es que el número de cotizantes cayó más de un 2% y se situó de media en 17,2 millones. El grueso de cotizantes del régimen general perdió la barrera de los 13 millones.
El Gobierno tendrá que frenar esta tendencia facilitando la creación de empleo, haciendo aflorar la economía sumergida y acelerando las medidas de recorte aprobadas por el gobierno socialista en enero del 2011, tal como se ha planteado en Suecia, Alemania, el Reino Unido y Portugal.
Además, la ley orgánica regula el procedimiento para mejorar el control del déficit autonómico, que es un problema añadido a la estabilidad financiera. Básicamente somete a las autonomías al mismo corsé al que está obligado el Estado por la Comisión Europea. Estas reglas estarán vigentes para los presupuestos del 2012. Aquellas autonomías que tengan aprobados sus presupuestos tendrán que recortar sus gastos porque la Administración central bajará las aportaciones, dado el nuevo escenario de recesión.
Las autonomías, igual que hace el Estado con la CE, deberán someter su propuesta de techo de gasto y la regla de gasto a la Administración central para facilitar el cumplimiento del objetivo común de déficit. Aparte del procedimiento sancionador, que se pondrá en marcha cuando se detecten las desviaciones previo acuerdo del Consejo de Ministros, las autonomías estarán obligadas a publicar mensualmente su ejecución presupuestaria, y los ayuntamientos, trimestralmente. Hacienda creará una central de información para procesar estos datos y controlar las desviaciones.
Otra importante novedad, además del censo de entes públicos, es que deberán informar al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la deuda contraída con sus proveedores.