El actor escocés Sean Connery y su esposa, Micheline, tienen un plazo de seis meses para declarar como imputados en el caso judicial relacionado con la recalificación de la parcela donde estaba el chalé en el que ambos pasaron sus vacaciones en Marbella. De no atender la llamada del juzgado, podría dictarse una orden internacional de búsqueda y detención contra ellos.
El caso gira en torno al chalé en Marbella en la que Connery y su esposa pasaban las vacaciones durante casi tres décadas. La pareja puso a la venta en 1999 a través de una inmobiliaria británica y en la parcela se levantó un complejo de 72 viviendas de lujo en un edificio de cuatro alturas en primera línea de playa, supuestamente contrario a las normas urbanísticas y al parecer a raíz de un permiso de construcción fraudulento.
Después de haberles citada sin éxito hace tres años, el juez instructor de la causa en Málaga ha pedido que se envíe a través del Ministerio de Justicia un "nuevo recordatorio" para acudir a declarar y que si la pareja no lo hace en un "tiempo razonable de seis meses" se emitan órdenes internacionales de búsqueda, detención y puesta a disposición" de la pareja. En la resolución, que consta de más de 200 folios, se recoge que ha habido "todo tipo de impedimentos" para la práctica de las declaraciones de Sean Thomas Connery y su esposa, Micheline Anne Jeanne Connery, y detalla los trámites efectuados, que se remontan a mayo de 2010. El actor escocés Sean Connery y su esposa alegó motivos de salud y problemas de la edad para no acudir a la cita.
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El juez recuerda que la presente instrucción, que se inició en el 2006, "ha corrido paralela" al caso 'Malaya' contra la corrupción urbanística, y acuerda el procesamiento de 17 personas, entre ellas el ex asesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, ambos en prisión por otras causas. También están procesados los abogados que supuestamente participaron en las operaciones que se investigan y exconcejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en Marbella.
Malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio, cohecho, negocios prohibidos a funcionarios públicos, uso indebido de secretos o información privilegiada, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros, son los delitos investigados en este procedimiento.
La operación policial que motivó la apertura de este procedimiento se denominó Goldfinger, en referencia a la película de 1964 en la que Sean Connery interpreta el papel del agente secreto británico James Bond.
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