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Tras el cambio de reinado y de gobierno, las finanzas, los impuestos y el patrimonio privado de los miembros de la Casa Real británica están siendo analizados y despiertan una serie de preguntas. Hace unas semanas se publicó una investigación periodística sobre el alcance de los negocios de los ducados de Lancaster y Cornualles, el dinero privado de Carlos III y el príncipe Guillermo respectivamente, abriendo el debate sobre si pueden operar comercialmente a la vez que están exentos de pagar impuestos por esos negocios. Después fue el "bolsillo" del príncipe Andrés el que ocupó titulares, ya que sorprendió presentando a las autoridades de palacio una solvencia económica de fuentes que no se han hecho públicas para poder seguir viviendo en la casa de treinta habitaciones que tiene alquilada y que pertenece al patrimonio publico del soberano, un rey que, por otro lado, parece haberle declarado la guerra financiera. En este escenario ha llegado el turno a Ana de Inglaterra y más en concreto a sus hijos, Peter Phillips y Zara Tindall, que podrían tener que desembolsar una suma millonaria.
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La ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, está desvelando sus planes presupuestarios y ha anunciado unas subidas de impuestos con las que pretenden recaudar 40.000 millones de libras (casi 50.000 millones de euros) en un momento en el que las cuentas públicas del gobierno británico tienen un agujero de más de 22.000 millones de libras (unos 26.000 millones de euros),según el Primer Ministro, Keir Starmer, y que atribuye a la mala gestión de los conservadores. Entre las distintas medidas, los laboristas han anunciado cambios en el impuesto de sucesiones, algo que no es un problema ni para Carlos III ni para el príncipe Guillermo que están exentos de pagar impuestos, pero sí para otros miembros de su familia, en especial para la descendencia de la princesa Ana, los hermanos Petter y Zara Phillips.
Tal y como recoge Daily Mail, se cree que la finca de Gatcombe Park de la princesa Ana está sujeta a las nuevas normas sobre el impuesto a la herencia que afecta a explotaciones agrícolas y esta residencia lo es, ya es una enorme extensión de terreno sobre la que se levanta la casa principal del siglo XVIII, la que ocupa la princesa Ana desde que su madre, Isabel II, se la regaló con motivo de su primera boda con el capitán Mark Phillips, y también las dos residencias que se han construido para sus hijos y nietos. Según los calculos en base al valor de compra, esa propiedad valdría actualmente unos 6 millones de libras, más de siete millones de euros y el impuesto del 20 por ciento afectaría a todos los activos agrícolas que superen el millón de libras. La media propuesta por los laboristas está siendo muy controvertida y no por que afecte a la descendencia de la princesa Ana, son la comunidades rurales y agrícolas las que se sienten traicionadas con este "diezmo al campo", mientras otros analistas consideran que pone en peligro el medio ambiente y la seguridad alimentaria del Reino Unido.
De aprobarse esta medida los hermanos Peter y Zara se enfrentan a un impuesto millonario y esto ha sido noticia en el Reino Unido porque no es algo habitual. Desde 1993 el heredero al trono británico está exento del impuesto de sucesiones y es por esto que las herencias van "de rey a rey". Es decir, el grueso de la fortuna de Isabel II pasó directamente a Carlos III y no a sus cuatro hijos, ya que los príncipes Ana, Andrés y Eduardo sí habrían tenido que pagar. Esta medida se tomó para que no menguara la fortuna de los Windsor con cada nueva generación argumentando que si eran capaces de financiarse por métodos propios no tendrían que recurrir a los fondos públicos. Esa "excensión real" dictada por el gobierno de John Major provocó una caída de la popularidad de la realeza británica, que contraatacó rascándose el bolsillo y con el compromiso de Isabel II de pagar impuestos de forma voluntaria. Carlos III, como príncipe de Gales, siguió sus pasos, llegando incluso a hacer públicas algunas de sus cuentas, una medida que el príncipe Guillermo ya ha dejado claro que no va a seguir. El nuevo heredero se limitó a informar de que había pagado los impuestos voluntarios oportunos, pero no puso los números sobre la mesa.