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Las finanzas de la Casa Real británica siempre han generado algunas preguntas, sin ir más lejos hace cuatro meses en el Reino Unido el tema de conversación fue si el príncipe Guillermo había decidido pagar impuestos o no después del ducado que recibió tras la muerte de Isabel II. Ahora este tema, el de la transparencia económica y la financiación de la monarquía, ha vuelto con más fuerza que nunca y es posible que se convierta en un debate que Carlos III tenga que afrontar durante su reinado. Este sábado se ha publicado una investigación periodística conjunta de The Sunday Times y el programa Dispatches de Channel 4, que promete revelar todos los detalles de las propiedades privadas de Carlos III y del príncipe Guillermo. Tras cinco meses de investigación, los citados medios británicos aseguran que han descubierto el modo en el que los ducados reales ganan millones de libras al año cobrando a departamentos gubernamentales, consejos, empresas, compañías mineras y al público en general a través de una serie de rentas comerciales o gravámenes sobre tierras heredadas desde la Edad Media. Un portavoz del Ducado de Lancaster, la propiedad privada del rey Carlos, ya ha advertido a la BBC, que esos acuerdos comerciales "cumplen con toda la legislación del Reino Unido y los estándares regulatorios aplicables a su gama de actividades comerciales".
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Hay que recordar que la monarquía británica tiene tres vías de financiación: la Subvención Soberana, que son los fondos públicos que reciben para las labores relacionadas con la jefatura del Estado, como es el mantenimiento de residencias oficiales, recepciones, viajes o personal, y que se calcula en base a las ganancias de lo que se puede considerar una segunda vía de financiación, la del Crown Estate o patrimonio de la Corona, que son aquellas propiedades, tierras, colecciones o bienes que pertenecen al soberano pero cuyo uso, mantenimiento y gestión se hace de forma pública desde que en el siglo XVIII la Familia Real cedió el control de esos bienes al Tesoro público, cuando esa cesión se produjo se les permitió conservar los ducados de Lancaster y Cornualles, según The Sunday Times, porque entonces no generaban muchos ingresos. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años, esos beneficios se han disparado y ese "bolsillo privado" es ahora un negocio inmobiliario moderno al que estiman unos activos que sobrepasan los 2.100 millones de euros. "Los antiguos imperios inmobiliarios que financian al Rey y al Príncipe de Gales han permanecido como un secreto muy bien guardado dentro de la familia real y su pequeño círculo de asesores durante siglos. Incluso al Parlamento se le ha negado el acceso a la lista de propiedades en poder de la familia real", cuenta The Sunday Times, mientras que el programa Dispatches lo recoge en un documental de 48 minutos bajo el título El rey, el príncipe y sus millones secretos.
"Los archivos del Ducado muestran que la realeza cobra por el derecho a cruzar ríos, descargar mercancías en la costa, tender cables bajo sus playas, gestionar escuelas y obras de caridad e incluso cavar tumbas. Obtienen ingresos de los puentes de peaje, los transbordadores, las tuberías de alcantarillado, las iglesias, los ayuntamientos, los pubs, las destilerías, los gasoductos, los amarres de los barcos, las minas a cielo abierto y subterráneas, los aparcamientos, las viviendas de alquiler y las turbinas eólicas. Operan como propietarios comerciales y tienen un acuerdo especial con el Tesoro que los exime de pagar impuestos sobre sus ganancias corporativas. Los ducados no están financiados directamente por el contribuyente, pero los arrendamientos y contratos a nombre del rey y el príncipe muestran que están ganando millones de libras al año cobrando al ejército, la marina, el Servicio Nacional de Salud, el servicio penitenciario y las escuelas estatales por el uso de sus tierras, ríos y costas", recoge la citada investigación periodística.
Entre las curiosidades de esta investigación que utilizó las direcciones reales para rastrear los acuerdos comerciales destaca el número de propiedades, un total de 5.410. Además han revelado otros acuerdos como el que tiene el ducado de Lancaster (del que Carlos III es propietario) con el NHS (el servicio nacional de salud) por que el recibirá trece millones de euros al año durante quince años en concepto de alquiler por un aparcamiento de ambulancias, igual de llamativo es que el acuerdo que el Ministerio de Justicia tiene con el ducado de Cornualles (propiedad del príncipe Guillermo) al que paga casi dos millones de euros al año por la mítica prisión de Dartmoor, que actualmente está inactiva como cárcel pero que sirve de lugar de entrenamiento para el ejército.
Según datos de la investigación, el año pasado el ducado de Lancaster recaudó 32,6 millones de euros y el ducado de Cornualles recaudó 28,1 millones de euros libres de impuestos, hay que recordar que el Carlos III y el príncipe Guillermo pagan impuestos sobre la renta sobre los beneficios de los patrimonios una vez deducidos los gastos empresariales, pero ambos se niegan ahora a decir cuánto. "Los informes anuales de los ducados revelan únicamente detalles básicos de los activos inmobiliarios que poseen", añade la investigación.
Las primeras reacciones no se han hecho esperar y la baronesa Margaret Hodge, expresidente del comité de cuentas públicas de la Cámara de los Comunes, ha dicho a la BBC que los ducados deberían al menos pagar el impuesto de sociedades. "Todos amamos a la monarquía, todos queremos que funcione. Pero queremos que den ejemplo en la forma en que manejan sus finanzas. No pagan impuestos sobre las ganancias de capital ni tampoco impuestos de sociedades, pero afirman que actúan con fines comerciales", advirtió Hodge. "No pueden tener ambas cosas a la vez. Si quieren ser privados y comerciales, tienen que pagar la tasa impositiva justa, como todos los demás, de lo contrario obtienen una ventaja competitiva. Este sería un momento brillante para que la monarca diga: quiero que me traten con la misma justicia que a los demás”, afirmó Hodge. Por otro lado, según The Guardian, esta investigación periodística ha dado lugar a "peticiones de que se abra una investigación parlamentaria y de que los dos imperios pasen a formar parte del patrimonio de la Corona, que sí tiene que enviar sus beneficios al gobierno".
Al margen del tema económico, el programa Dispatches del Channel 4 plantea preocupaciones sobre el impacto ambiental de algunos de los contratos de las fincas, incluidos aquellos con empresas mineras. Sobre este tema, un portavoz del ducado de Cornualles dijo que se trata de "una finca privada con un imperativo comercial que logramos junto con nuestro compromiso de restaurar el medio ambiente natural y generar un impacto social positivo para nuestras comunidades". El portavoz aseguró que se actúa de forma "responsable y sostenible, en línea con la estrategia industrial del gobierno, que fomenta la inversión en fuentes nacionales de minerales".