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El reinado de Carlos III no tienen ni dos meses, pero ya se está dando pasos de gigante para asentar sus bases y delimitar claramente y de forma legal quiénes son los miembros de la Familia Real que sí tendrán un papel fundamental en esta nueva era. La que podría ser la primera reforma constitucional desde que el rey Carlos está en el trono ha llegado al Parlamento británcio y pretende evitar que los príncipes Harry y Andrés sean consejeros de Estado, es decir, que ante enfermedad o estancias en el extanjero del monarca puedan actuar en su lugar.
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El vizconde Stargate planteó la cuestión el pasado lunes en la Cámara de los Lores acerca de esta reforma: “¿Qué planes tiene el Gobierno, si es que tiene alguno, para enmendar la Ley de Regencia de 1937? ¿El Gobierno está dispuesto a continuar con una situación en la que los poderes del Consejo de Estado y de regencia recaen en el duque de York y el duque de Sussex, el primero que ha dejado la vida pública y el otro vive fuera del país? ¿No es hora de que el Gobierno pueda hacer una enmienda sensata a esta ley?", preguntó.
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Ministros y altos funcionarios de Palacio ya están trabajando para que los príncipes Harry y Andrés no participen de ninguna manera en asuntos de Estado en ausencia del Rey. El marido de Meghan Markle renunció a pertenecer a la Familia Real británica hace más de dos años para poder vivir su vida sin deberes monárquicos y ser financieramente independiente en Estados Unidos. Por su parte, el exmarido de Sarah Ferguson renunció a sus obligaciones institucionales en noviembre de 2019 y en enero de este año fue despojado de sus títulos militares y patrocinios reales. Desde entonces no ha vuelto a representar a la Corona de manera pública y solo ha participado en ceremonias de carácter familiar como los funerales de sus padres, la reina Isabel y Felipe de Edimburgo.
Actualmente pueden ejercer de regentes cinco personas de la Familia Real británica, los adultos mayores de 21 años que se encuentran en las primeras líneas de la línea de sucesión. Adeemás de la reina consorte Camilla, el príncipe de Gales, el duque de Sussex, el duque de York y la princesa Beatriz, que de facto es una ciudadana privada y no es miembro activo de la Familia Real.
La propuesta que se presentará ante el Parlamento dentro de unas semanas contemplaría que el Rey pueda recurrir a un número más amplio de regentes, entre ellos la princesa Ana, en el puesto 16º de la línea sucesoria, y el príncipe Eduardo, en el 13º, según informa el Daily Mail.
Esta propuesta de cambiar los consejeros de Estado se lleva barajando desde hace meses y contaba con el visto bueno de la difunta Reina, sin embargo ahora parece que la reforma legal podría ser inminente, ya que los reyes Carlos y Camilla harán en breve una gira internacional. Además, el convulso momento político -con tres primeros ministros en menos de tres meses- y económico que atraviesa el Reino Unido podría verse agravado si cualquiera de los dos Duques apartados representara al país.
Los consejeros de Estado están autorizados por ley a llevar a cabo la mayoría de los deberes oficiales del soberano, por ejemplo, asistir a las reuniones del Consejo Privado, firmar documentos y recibir las credenciales de los nuevos embajadores en el Reino Unido. Sin embargo, hay una serie de funciones constitucionales básicas que no se puede delegar como son los asuntos relacionados con la Commonwealth, la disolución del Parlamento, excepto por instrucción expresa de Su Majestad, la creación de los pares o la designación del primer ministro.
El cargo de consejero de Estado figura en la Ley de Regencia de 1937. Antes de ese año se aprobaban los nombramientos solo en caso de necesidad. Desde 1728 hasta 1937 hubo nueve leyes para cubrir las ausencia del monarca. Poco después de que Jorge VI, padre de Isabel II, llegara al trono en 1936, se aprobó la actual norma para asegurar la regencia para todos los futuros reinados. Fue en ese momento cuando se creó el nuevo cargo de consejero de Estado para cubrir ausencias de corto plazo donde una regencia fuera innecesaria.
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