El príncipe Harry demanda al mismo grupo de medios al que ya ganó Meghan Markle

El príncipe Harry ha recurrido nuevamente a la justicia. El duque de Sussex ha presentado en el Tribunal Superior una demanda por difamación contra el grupo editorial del diario Daily Mail. Una noticia que ha sido corroborada por un portavoz del nieto de Isabel II a través de un comunicado en el que decía: "Puedo confirmar que el Duque ha presentado una denuncia contra Associated Newspapers Limited (ANL)". Los archivos judiciales muestran que el hijo del príncipe de Gales presentó una denuncia en relación a un artículo publicado por The Mail On Sunday el domingo 20 de febrero que trataba cuestiones sobre la seguridad de su familia, bajo el título: "Revelado: cómo Harry trató de mantener en secreto su lucha legal por los guardaespaldas".

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El príncipe Harry, de 37 años, también tiene abierto un proceso judicial por asuntos relacionados con su privacidad contra News Group Newspapers, grupo editorial que publica The Sun, y Mirror Group Newspapers, ahora llamado Reach plc, que imprime la cabecera The Mirror, por supuestos ataques telefónicos y recopilación ilegal de información.

La nueva denuncia se produce después de que su esposa, la duquesa de Sussex, recibiera la simbólica cantidad de 1,20 euros por daños y perjuicios en 2021, junto con una suma no revelada que donó a la caridad, después de ganar su caso contra ANL por haber violado su privacidad al publicar unas cartas que envió a su padre, Thomas Markle, en 2018, Meghan Markle alegaba que los artículos reproducían fragmentos de una carta escrita a mano, "personal y privada", dirigida a su progenitor. Además de la indemnización, Associated Newspapers Limited recibió la orden de publicar una disculpa pública en la portada, que se efectuó el pasado 26 de diciembre, y a pagar los costes legales de la Duquesa.

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El nieto de la reina de Inglaterra también está inmerso en un litigio contra el Ministerio del Interior por sus acuerdos de seguridad cuando se encuentra en el Reino Unido. El príncipe Harry, que reside junto a su familia en California desde marzo de 2020, quiere viajar a su país natal junto a sus hijos, Archie, de 2 años, y la pequeña Lilibet, de ocho meses, pero considera que "no pueden regresar" porque no se siente seguro. Los Sussex financian personalmente a su equipo de seguridad privada en los Estados Unidos pero, tanto el Príncipe como su esposa, perdieron la protección financiada por los contribuyentes británicos cuando están de visita en el país natal del hijo del príncipe Carlos tras renunciar a sus obligaciones con la Corona en marzo de 2020. La primera audiencia por este caso se celebró este viernes, 18 de febrero, en el Tribunal Superior de Londres, una sesión a la que el duque de Sussex no asistió en persona. El Duque argumenta que su equipo de protección privada en Estados Unidos no tiene la jurisdicción adecuada en el extranjero ni acceso a la información del servicio de inteligencia del Reino Unido que se necesita para mantener la seguridad de su familia.

Un representante legal del segundo hijo del heredero al trono expuso con anterioridad que el Duque quería costear de su bolsillo el coste generado por la seguridad para él y su familia en Reino Unido, en lugar de pedirles a los contribuyentes que paguen la factura. Sin embargo, Robert Palmer QC, del Ministerio del Interior, dijo al tribunal que la oferta de financiación privada del príncipe Harry era "irrelevante". Los argumentos presentados por el Ministerio del Interior también afirman que la oferta de financiación del Duque "no se lo había comunicado previamente a Ravec (Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas)" en el momento de la visita del nieto de Isabel II en junio de 2021, o en cualquier conversación anterior. El señor Palmer aseguró también que el Duque "no había seguido las medidas necesarias de respeto" al ministro del Interior y a Ravec teniendo que en cuenta que ellos son "los expertos y responsables democráticos, encargados de tomar las decisiones en asuntos de protección de seguridad y evaluación de riesgos asociados", agregó que el Ministerio del Interior.