La Audiencia de Palma ha acordado rebajar la fianza de responsabilidad pecuniaria a la infanta Cristina en el caso Nóos, de la cuantía inicialmente fijada por el juez de 2.697.150 euros a 449.525 euros. La Sección Segunda del tribunal provincial ha dictado un auto en el que estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la hermana del Rey y revoca el punto del auto de apertura de juicio oral del caso Nóos referido a la fianza de responsabilidad pecuniaria para garantizar el pago de multas por parte de la infanta.
En el auto, el tribunal señala, sin embargo, que no puede destinarse a dicha fianza la cantidad consignada "ad cautelam" en el juzgado por la Infanta a efectos de responsabilidad civil, que asciende a 587.413 euros, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Después de que el juez del caso Nóos, José Castro, rechazara rebajarle la fianza, la defensa de la infanta recurrió el pasado junio ante la Audiencia alegando que consideraba la cuantía injustificada y "absolutamente desproporcionada" y reclamando que le fuera reducida de los 2.697.150 euros fijados por el magistrado a los 587.413 euros que ya depositó en el juzgado el pasado diciembre.
Castro impuso a la hermana del Rey dicha fianza de responsabilidad civil en el auto de apertura de juicio oral, como presunta cooperadora en dos delitos fiscales. El juez aceptó la cuantía que había solicitado la acusación particular que ejerce Manos Limpias, que era seis veces la cantidad presuntamente defraudada a Hacienda por Iñaki Urdangarin: 182.005 euros en el ejercicio fiscal 2007 y 155.138 en 2008.
La Audiencia no comparte que la cuantía impuesta como fianza sea "la máxima pena de multa posible legalmente". Considera que con una fianza "de la cantidad supuestamente defraudada se cumplirán la expectativas de garantizar para el futuro la hipotética condena que pudiera recaer", lo que asciende a 337.143,75 euros, que por imperativo legal debe incrementarse en un tercio, hasta sumar 449.525 euros.
En el actual momento procesal y "sin prejuzgar en absoluto ni la comisión delictiva y circunstancias concurrentes, ni la pena que pudiera corresponder", algo que hará el tribunal sentenciador, la sala afirma que no considera la fianza fijada "proporcionada con los hechos, con la participación y con las circunstancias preliminarmente concurrentes".
La Sección Segunda de la Audiencia recuerda que la fianza debe asegurar el "importe probable" de las responsabilidades pecuniarias y añade que, en este momento, "no existen elementos bastantes para considerar la probabilidad de la imposición de multa por cada delito contra la Hacienda Pública del máximo legal, el séxtuplo de la cantidad defraudada".
Según la Audiencia, el delito contra Hacienda exige que el fraude sea superior a 120.000 euros, y los delitos imputados a doña Cristina "superan ligeramente esa cantidad", por lo que no parece que "a tenor del importe defraudado pueda imponerse la pena máxima", sino que "la pena en su caso imponible podría ser rebajada en un grado". El tribunal cree que en el momento actual no es posible "efectuar consideraciones taxativas" sobre si concurren circunstancias agravantes o atenuantes en este caso, aunque la pena podría ser agravada por el uso de sociedades interpuestas y atenuada por reparación del daño.
Entre diciembre y julio, la infanta ha ingresado en la cuenta del Juzgado de Instrucción, tras la venta de la vivienda que poseía con Urdangarin en el barrio barcelonés de Pedralbes, 1.772.049 euros, dos tercios de los 2.697.150 euros fijados por el juez.
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