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Se ha abierto un nuevo capítulo en la batalla judicial de los Elkann, una de las sagas más poderosas de Italia. Margherita, hija de la aristócrata Marella Caracciolo y Gianni Agnelli, histórico presidente de Fiat, avivó en marzo la guerra que enfrenta a la familia desde hace décadas. Interpuso una demanda contra tres de sus ocho hijos, los que nacieron durante su matrimonio con Alain Elkann: John, que es actual presidente y consejero delegado del imperio automovilístico Stellantis, Lapo y Ginevra Elkann. ¿El motivo? Supuestas irregularidades en todo lo relativo a la herencia de la abuela Marella, quien murió en 2019. Tras seis meses de investigaciones, la Fiscalía de Turín ha actuado.
© Getty ImagesEn medio de este proceso, en el que se ha analizado "documentación contable, extracontable y de tipo informático", el fiscal Giovanni Bombardieri, ha embargado de forma "preventiva" 74,8 millones de euros entre propiedades y otros bienes de los Elkann. Considera la posibilidad de que haya existido fraude fiscal y estafa agravada al Estado. Quieren comprobar si los Elkann manipularon la residencia fiscal de Marella Caracciolo, que constaba en Suiza, para no pagar ni el impuesto de sucesión ni otros gastos en Italia. Estas medidas también afectan a Gianluca Ferrero, presidente de la Juventus de Turín, equipo del que los Agnelli son propietarios; y al notario suizo Urs Robert von Grünigen.
© Getty ImagesLa acusación, según EFE, apunta a "la existencia de un esquema criminal dirigido a sustraer su ingente patrimonio y sus relativos beneficios a la legislación de sucesiones italiana". Uno de los argumentos que esgrimen, según Corriere della Sera, es que, cuando Marella publicó el libro He cultivado mi jardín, el equipo legal de los Agnelli pidió a al editorial que se metieran algunas páginas en las que quedara claro que vivía en Suiza.
Por el momento, la Fiscalía ha cuantificado las cantidades que los herederos de Caracciolo habrían evadido. Por un lado, 42,8 millones de euros de la evasión del Impuesto sobre la Renta (IRPF), y por otro 32 millones por eludir el impuesto de sucesiones y donaciones sobre un total de 800 millones de euros.
© Getty ImagesA través de sus abogados, los hermanos Elkann se han pronunciado y han defendido que su abuela vivió en Suiza "desde principios de los 70" porque su voluntad fue siempre "residir en este país durante toda su vida”. Han asegurado que el embargo "es un trámite procesal que no implica determinación de responsabilidad alguna” y sostienen que no es una medida adecuada “porque nunca ha existido riesgo de dispersión del patrimonio de los sospechosos”. Además, están "convencidos de poder demostrar que son completamente ajenos a los hechos imputados" y consideran "inaceptable" la teoría de los investigadores.
El origen de un conflicto que comenzó hace 20 años con la muerte de Gianni Agnelli
Para entender más este conflicto debemos retroceder dos décadas. En 2004, tras la muerte de su padre, Margherita Agnelli renunció a las acciones de la sociedad familiar cuando estaban a punto de caer en bancarrota. Estas acciones y algunas propiedades pasaron entonces a su hijo John mientras que ella recibió alrededor de 1.300 millones de euros. En 2021 impugnó el acuerdo al considerar que la cantidad que le dieron era insuficiente teniendo en cuenta lo mucho que se revalorizó la empresa que dirige su primogénito, en la que también se incluye la prestigiosa marca Ferrari. Si se demuestra que Marella vivía en Italia, ese pacto podría anularse
Los letrados de este critican que la matriarca del clan se desentendiera de la empresa cuando las cosas iban mal y, después, quiera beneficiarse de algo "sin haber aportado nada". Incluso, lamentan que ella no se alegre y se sienta orgullosa por el trabajo que ha hecho su hijo para relanzar el holding automovilístico. Sin duda, una complicada situación que no solo afecta a lo económico sino también a lo emocional, puesto que los tres hermanos Elkann dicen sentir "pena y dolor" por las acusaciones de su madre. Por su parte, los abogados que representan a Margherita sostienen que "la vía judicial no es la más adecuada para resolver cuestiones de familia, pero se ha visto obligada".
