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El juicio contra Rafael Amargo, el productor Eduardo de Santos y el socio del artista, Miguel Ángel Batista, ha dado comienzo en la Audiencia Provincial de Madrid; acusados traficar con droga que presuntamente vendían desde el piso del bailarín. Los policías encargados de la investigación del caso determinaron que él y el productor Eduardo de Santos vendieron droga conjuntamente para financiar la obra Yerma, que se estrenó en diciembre de 2020, y han relatado cómo era el “modus operandi” de los acusados; según informa la agencia Efe.
Suspendido el juicio contra Rafael Amargo: 'Me están haciendo pasar hambre porque me han arruinado'
© GtresonlineLa Fiscalía pide 9 años de cárcel
La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el artista por vender droga de forma “persistente” junto con el productor, para el que pide la misma pena. Para el otro acusado solicita seis años de cárcel por ser un “hombre de confianza” que entregaba la droga a los compradores. Al inicio de la vista oral el tribunal ha aceptado, a petición de las defensas, que los acusados declaren al final del juicio, de manera que se prevé que lo hagan el jueves a última hora o el viernes.
© GtresonlinePrisión provisional para Rafael Amargo por riesgo de fuga
Cinco meses en prisión provisional
Rafael Amargo ha llegado a la sede judicial a primera hora de la mañana de hoy en un furgón de la Guardia Civil, ya que está en prisión provisional desde el pasado 3 de noviembre porque la Audiencia Provincial determinó que no había cumplido con la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado. Ha aprovechado la entrada a la Sala para saludar brevemente a su padre y a su hermano, que estaban en el pasillo y que han seguido la vista.
© @rafaelamargo'Operación Codax'
Amargo fue detenido el 1 de diciembre de 2020 junto a su pareja y otras dos personas en el marco de la 'Operación Codax', cuyo nombre significa cuervo en latín y se apoda así por una imagen de Amargo de su Instagram en la que aparece con unas alas de esta especie de ave. Tras declarar, los arrestados quedaron en libertad con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir cada quince días al juzgado.
