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El caso del futbolista Dani Alves regresó a los juzgados casi un mes después de haberse dictado sentencia. El deportista fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por un delito de agresión sexual a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022. La defensa del deportista presentó entonces un recurso a dicha sentencia y solicitó ante el juez la medida cautelar de libertad provisional hasta que se emita una sentencia firme. El tribunal ha decidido que Alves quede en libertad provisional si abona una fianza de un millón de euros. Le odenan además entregar sus pasaportes y le prohíben acercarse a la víctima o comunicarse con ella. El jugador deberá presentarse además de forma semanal ante la Audiencia de Barcelona.
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El pasado martes 19 de marzo comparecieron en los juzgados la Fiscalía y los abogados de las partes, además del jugador, que siguió la vista a través de videoconferencia desde la cárcel de Brians 2, donde permanece desde el 20 de enero de 2023. El deportista respondió, durante su turno de palabra, a las alegaciones de la Fiscalía y la acusación particular, que volvieron a argumentar que existe riesgo de fuga si queda en libertad. El jugador tomó la palabra para asegurar que no se fugará y pidió quedar en libertad hasta que se resuelva el recurso presentado en su caso. "No me fugaré" dijo. Explicó que se quedará en España hasta que se resuelva el proceso, y añadió que su lugar de residencia es en Barcelona. "Confío en la justicia y siempre estaré a su disposición" concluyó.
Durante el proceso contra el jugador, sus abogados pidieron en diversas ocasiones su puesta en libertad, una medida que fue denegada por el juez que consideraba que existía riesgo de fuga pues el deportista tiene doble nacionalidad, española y brasileña, y no existen convenios de extradición con su país de origen. Permaneció así en la cárcel mientras llegaba la fecha del juicio, que comenzó el pasado 5 de febrero y finalizó el 22 del mismo mes. Además de la pena de prisión, a Alves se le impusieron 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como una indemnización de 150.000 euros y el pago de las costas judiciales.
En esta sesión, que se celebró a puerta cerrada, la defensa solicitó de nuevo su puesta en libertad argumentando que su pena no es elevada y que ha cumplido ya parte de ella. Aseguró además que tiene arraigo en Barcelona y propuso que se le retire el pasaporte para aclarar que no existe riesgo de fuga. Por su parte la acusación particular se opuso a esta medida señalando que aún existe riesgo de fuga y que además ellos piden aumentar la pena para el deportista. En casos similares, los recursos a la sentencia suelen tardar una media de entre cinco y cuatro meses en resolverse.