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El camino para que Daniel Sancho sea extraditado a España se complica. La Fiscalía de Madrid ha presentado un escrito en un juzgado en el que se opone a solicitar a Tailandia que extradite al hijo del actor Rodolfo Sancho, quién actualmente se encuentra en prisión provisional en el país asiático acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, para que sea juzgado por un delito de lesiones que tiene pendiente en nuestro país tras agredir supuestamente a un hombre que estaba esperando un taxi en la calle José Abascal de Madrid en 2019.
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- Rodolfo Sancho aclara en un nuevo comunicado el motivo de su viaje a Tailandia
El fiscal considera que existen medidas "alternativas" a la extracción que permitirían la celebración del juicio, para el que aún no hay fecha, y explica, además, que "no consta" que la estancia del acusado en Tailandia busque sustraerse de la Justicia española porque "siempre ha estado a disposición del Juzgado en todos los emplazamientos recibidos".
El delito de lesiones por el que el chef se enfrentaría a un año de cárcel lleva parado un año y medio, pero ha sido la defensa del hijo del actor Rodolfo Sancho quien la habría reclamado con el objetivo de utilizarla para lograr sacarle de Tailandia donde se encuentra a la espera de juicio. Sus abogados han visto así en esta causa una vía de escape con el fin de evitar que sea juzgado en el país asiático, donde se enfrenta a una pena de muerte por asesinato.
Sin embargo, y como hemos mencionado anteriormente, la Fiscalía se niega porque el procedimiento abierto en España no se ha dictado auto motivado de prisión en ninguna fase procesal, "ni cabe en el momento actual solicitarlo", por dos motivos principales.
El primero -detalla el comunicado de la Fiscalía- porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige para acordar la prisión provisional que el máximo de la pena imponible por el delito sea igual o superior a dos años, algo que no es probable debido a unas posibles dilaciones indebidas en la causa y a que sería posible dejar la condena en una multa.
El segundo motivo es que el acusado ha estado siempre a disposición de las autoridades judiciales españolas cuando ha sido requerido para ello.
Recuerda el Ministerio Público que actualmente el único convenio vigente entre España y Tailandia es el Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Tailandia sobre cooperación en materia de ejecución de sentencias penales, "que sólo es aplicable, conforme a su artículo II a situaciones en que la persona cuyo traslado se solicite haya sido declarado culpable y condenado".