Rocío Carrasco y su hijo, David Flores, llevan más de un lustro sin cruzar palabra. Pronto se van a reencontrar, pero eso no significa ni mucho menos que vaya a producirse un acercamiento entre ambos. Más bien todo lo contrario, pues se trata del juicio que enfrenta al joven de veinticuatro años contra su madre tras la demanda que interpuso contra ella hace aproximadamente un año y medio.
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Será el próximo 14 de junio cuando la mujer de Fidel Albiac se sentará en el banquillo, tal y como informa Caso Abierto, tras las notificación hecha por el juzgado de lo Penal número 23 de Madrid en una resolución. Sobre la colaboradora televisiva recae la acusación de un presunto delito de abandono de familia por impago de pensión a su vástago durante más de 40 meses.
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Aunque la protagonista del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva puede presentar un recurso contra la decisión, la fiscalía solicita para ella un año de prisión y 19.000 euros de multa. Es la misma pena de cárcel que pide la acusación particular, en este caso la que ejerce el hijo de Antonio David Flores, quien rebaja la sanción económica a 15.000 euros.
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Al juicio, uno más en la maraña de pleitos que afecta al clan desde hace décadas, está citados a declarar Rocío Carrasco y su hijo pero también Rocío Flores, Antonio David y Olga Moreno. Cabe recordar que desde 2018 una sentencia impone a la que fuera presentadora de Hable con ellas a abonar doscientos euros mensuales a su descendiente.
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Aunque este sea mayor edad y viva con su padre, se considera que es económicamente dependiente por la enfermedad genética que padece. Sin embargo, uno de los argumentos que Rocío Carrasco defenderá ante el juez será que su exmarido se llevó a su hijo de casa sin su permiso a vivir a Málaga cuando este tenía menos de 18 años.
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El juicio se celebrará en la Sala de Vistas número 11 de los juzgados de lo Penal de Madrid, pero no será este el único que afecta a Rocío Carrasco a lo largo de este año. Previsto para el 6 de julio, se pide para Antonio David Flores cuatro años de cárcel y 80.000 euros de indemnización por un delito de insolvencia punible, tras la denuncia de su exmujer por no pagar la pensión de sus dos hijos cuando residían con ella.
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