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Luis Medina y Alberto Luceño ‘no tuvieron un trato privilegiado’, según el fiscal del ‘caso mascarillas’

Enviaron su oferta a un correo electrónico del Ayuntamiento de Madrid genérico, público y habilitado para ello


Actualizado 15 de junio de 2022 - 17:23 CEST

"Sin ningún género de dudas", Luis Medica y su socio, Alberto Luceño, "no recibieron ningún trato privilegiado por parte de ningún responsable municipal" para la venta de material sanitario al inicio de la pandemia, tal y como consta en el escrito de la Fiscalía de Madrid sobre el llamado 'Caso Mascarillas'. Además, el fiscal considera "irrelevante" el modo en el que ambos accedieron al Ayuntamiento de la capital para hacer su oferta, puesto que lo que se les facilitó fue un correo electrónico genérico y público que el Consistorio había habilitado específicamente para este tipo de operaciones.

-La declaración ante el juez de Luis Medina en su situación más complicada

La Fiscalía expone también que ha quedado acreditado que Medina habló con Carlos Martínez-Almeida, "cuyo número obtuvo de una amiga común", si bien se siguieron todos los pasos según lo establecido. Carlos trasladó la oferta de Medina, según el fiscal, a la coordinadora general de la Alcaldía de Madrid, Madilde Duarte, quien le dijo que podía presentar su propuesta al email genérico al que cualquier ciudadano tenía acceso.

Así se lo explicó Martínez-Almeida a Luis Medina y este escribiría en dos ocasiones al correo electrónico en cuestión. Posteriormente, desde la Coordinación General de Alcaldía remitieron el mensaje, al igual que los de otros ofertantes, a la Coordinación General de Elena Collado. "Ya todo esto" debería ser "suficiente" para desestimar el recurso, subraya el representante del Ministerio Público.

Por todo ello, recalca que las diligencias solicitadas por Más Madrid (pide tener acceso a las llamadas de los denunciados) son "claramente inútiles" y, en consecuencia, han sido denegadas por el instructor del procedimiento. Pero en el caso de que tuvieran alguna utilidad, recuerda que el secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental consagrado en la Constitución.

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