Rocío Carrasco vuelve a ser noticia pero por un motivo bien distinto a sus problemas familiares o al reciente homenaje a su madre, Rocío Jurado. La funcionaria que consultó el expediente de violencia de género de Rocío Carrasco ha sido procesada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sueca, en Valencia. Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, el juzgado ha dictado un auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado contra una investigada por hechos que pueden ser constitutivos de un delito contra la intimidad cometido por funcionario público.
© GtresonlineLa empleada del sector público se enfrenta a una posible condena de 3 años y medio de prisión como supuesta responsable de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Y la Fiscalía también le reclama una multa de 5.400 euros, a pagar en una cuota diaria de 10 euros durante 18 meses, la inhabilitación absoluta durante seis años y el pago de las costas procesales.
Según consta en el escrito de acusación del fiscal, la funcionaria consultó el citado expediente "sin justificación alguna" el 23 de marzo de 2021 utilizando las contraseñas que disponía para su trabajo y "consultó, de forma totalmente ajena a sus funciones" este expediente e "información y datos reservados de Rocío Carrasco Mohedano y Antonio David Flores que no eran conocidos públicamente", tales como fecha de nacimiento, direcciones personales, números de teléfono, fecha de inciio del caso, entre otros datos sensibles acerca del mismo. No obstante, hay hasta siete funcionarios que intentaron acceder de forma indebida al caso de la hija de Rocío Jurado con su exmarido. La mayoría de estas consultas se habrían hecho desde Valencia, Alicante y Castellón.
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© Cordon PressEsta intromisión ilegal se produjo a raíz de que se emitiera la primera parte del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en la que expuso los supuestos malos tratos que había recibido por parte de su expareja. La Conselleria de Justicia abrió expediente a estos funcionarios y les apartó de forma temporal de sus funciones de atención a víctimas de violencia machista. Hay que recordar que el acceso a estos datos está limitado a un determinado grupo de funcionarios, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o personal de la Administración de Justicia, y su consulta siempre deja constancia sobre el autor, ya que se necesita una clave para entrar. Por eso, en cuanto se tuvo constancia, se proceció a bloquear esos accesos y ahora el juzgado ha tomado cartas en el asunto.
