,type=downsize)
El juez de Instrucción número 48 de Madrid ha concluido la investigación penal contra Rafael Amargo, contra su mujer y dos de sus socios al considerar que "hay suficientes indicios" para enjuiciarles por un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y pertenencia a grupo criminal, según publica la agencia Europa Press. El bailarín y coreógrafo fue detenido el 1 de diciembre de 2020 en el marco de la operación Codax. Junto a él, fue arrestada la pareja del artista y el asistente de producción de 'Yerma', Eduardo Santos.
Para ti que te gusta
Este contenido es exclusivo para la comunidad de lectores de ¡HOLA!
Para disfrutar de 8 contenidos gratis cada mes debes navegar registrado.
Este contenido es solo para suscriptores.
Suscríbete ahora para seguir leyendo.Este contenido es solo para suscriptores.
Suscríbete ahora para seguir leyendo.TIENES ACCESO A 8 CONTENIDOS DE
Recuerda navegar siempre con tu sesión iniciada.
- Rafael Amargo y sus padres se reconcilian sobre las tablas, ¡con baile incluido!
- Rafael Amargo cumple con sus obligaciones legales: acude a firmar a los juzgados
Tras declarar ante el juez y en contra de la petición del fiscal de que ingresaran en prisión, quedaron en libertad con la imposición de medidas cautelares, con la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir cada quince días al juzgado. Rafael Amargo y los otros detenidos negaron los hechos de los que se les acusa. Tal y como publica la citada agencia, el magistrado ha dado ahora traslado al Ministerio Público y a las acusaciones particulares personadas a fin de que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio o bien el sobreseimiento de la causa. Todo ello, aclara el auto, sin perjuicio "de que puedan reclamar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación".
- Rafael Amargo explica sobre el escenario cómo se siente tras su detención
En el auto, el magistrado instructor recoge que los investigados en la causa "actuaban de común acuerdo en la recepción, preparación y distribución de sustancias" y sitúa el desarrollo de la actividad "en la vivienda que Rafael G.H. compartía con Luciana D.M.B.". Además, relata la resolución cómo operaban los investigados a la hora de vender las sustancias estupefacientes. Al domicilio de Rafael y Luciana. En esa actividad, participaban todos los investigados, cada uno con diferentes cometidos, "un reparto de funciones concertado y coordinado, en el que Rafael G. H. desempeñaba el rol de cabecilla del entramado".