Arantxa Sánchez Vicario ha dado otro paso en relación al caso por el que se le acusa de un delito por alzamiento de bienes y por el que se enfrenta a cuatro años de prisión. Según ha publicado el diario El País, la tenista ha presentado ante el juez un escrito de defensa en el cual asume su culpa y muestra su arrepentimiento con el objetivo de obtener una rebaja en la pena. En el texto, al que ha tenido acceso el citado medio, no solicita la absolución, sino que se reduzca la condena y le impongan 7 meses para evitar de este modo entrar en la cárcel. Una confesión que viene acompañada de un golpe de efecto ya que Arantxa reconoce su culpa pero alega que ha sido "víctima" de su exmarido, Josep Santacana, al que acusa de haber dilapidado el patrimonio que forjó durante su carrera deportiva. “Con este movimiento, Arantxa está asumiendo, pese a todo, su responsabilidad y colaborando con la justicia. "Es una deportista íntegra”, señalan fuentes cercanas a la extenista citadas por el periódico.
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- Arantxa Sánchez Vicario habla sobre su relación familiar: 'Estamos intentando que sea como antes'
Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido Josep Santacana están a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de alzamiento de bienes. El origen del caso se remonta a 2009, a los problemas con el fisco de la exdeportista por los que fue condenada por el Tribunal Supremo a pagar una multa de 5,2 millones. Hacienda recuperó el dinero gracias a un contraaval suscrito con el Banco de Luxemburgo, que había acogido la fortuna de Arantxa. Pero cuando la entidad quiso recuperar el dinero, ya no quedaba cantidad alguna en la cuenta. El patrimonio se había volatilizado. El Banco de Luxemburgo presentó una querella que dio lugar a una investigación que ha tocado a su fin. La fiscalía concluye que, “bajo las consignas” del empresario, el matrimonio “ideó un plan” para descapitalizarse y evitar de este modo el pago de la deuda.
Ese relato de la acusación es el que ahora asume sin rodeos la que fuera nº1 del tenis mundial que en su escrito pide al juzgado una rebaja de la pena para no tener que entrar en prisión y añade que ha tratado de reparar en lo posible el daño al satisfacer 1,8 millones de euros de una cifra que hoy alcanza los 6.170.942 euros más intereses. El abogado de la jugadora, Borja Vives, socio de DWF-RCD, ha pedido que se le imponga una condena de siete meses de cárcel y que se decrete de inmediato la suspensión de la pena. Será el Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona quien analice este último escrito como ya hizo con los presentados por el fiscal y el Banco de Luxemburgo, que actúa como acusación particular, y que terminaron con el procesamiento del matrimonio y otras cinco personas acusadas por presunta colaboración para cometer este delito.
En 2012, en la presentación pública de sus memorias, aseguró que sus padres le habían hecho un expolio económico y ahora se vuelve a presentar como víctima, pero esta vez de Santacana, a quien con "despreocupación, ignorancia y confianza" cedió la gestión de su patrimonio, hoy volatilizado. Además, le acusa de haberse "aprovechado" de ella para "enriquecerse" a su costa. Su versión choca con la del empresario, cuya estrategia en la causa judicial pasa por negar el alzamiento de bienes, incluidos 14 inmuebles, y por recordar que, al casarse, la familia de la extenista le obligó a firmar unas capitulaciones matrimoniales para mantenerle alejado del patrimonio, según lo publicado en el diario. La excampeona asegura en el escrito que se reserva acciones penales contra su exmarido, con quien está enfrascada en un complejo y tortuoso proceso de divorcio en Estados Unidos.