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La familia Franco recurrirá la sentencia dada a conocer el pasado 2 de septiembre por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que ordena la devolución del Pazo de Meirás al Estado, al que declara propietario del inmueble, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).
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El abogado Luis Felipe Utrera se ha pronunciado sobre la decisión que ha tomado la familia de emitir un recurso. No obstante, entiende que los Franco no deben abandonar el inmueble hasta que haya una sentencia judicial firme. "Sí, por supuesto vamos a recurrir. Nos vamos a tomar nuestro tiempo en analizar la sentencia, desde el punto jurídico, no puedo estar en más desacuerdo con la sentencia. Es una sentencia que sin perjuicio a analizarla más profundamente vamos a recurrir y evidentemente confiamos en que las estancias superiores resuelvan en derecho porque sinceramente estoy muy decepcionado porque confiaba en una sentencia jurídicamente aceptable, pero no ha sido así".
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"Esa es mi opinión, pero es mi opinión encontrarse una primera lectura rápida de la sentencia y no quiero decir más en este momento". En declaraciones a Europa Press, el letrado ha señalado su intención de recurrir pese a admitir que aún le falta realizar un estudio pormenorizado de la resolución, que tiene 400 páginas, y que además de ordenar la devolución del Pazo de Meirás dictamina que los Franco no deben ser indemnizados por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.
Utrera ha apuntado que cuando la propiedad fue destruida en el año 78 el Estado se olvidó totalmente de ella, y Meirás fue reconstruido por Carmen Franco. "En ese momento no se acordó que era suyo", ha señalado, tras recordar que el Ayuntamiento La Coruña le cobró quinientas mil pesetas a doña Carmen Polo por la extinción del incendio, "se lo podria haber cobrado al Estado si era suyo".
Por último, el abogado de los Franco ha dicho sentirse "muy decepcionado" porque confiaba en "una sentencia fundada en derecho, entiendo que no ha sido así y por lo tanto recurriremos logicamente" y ha añadido que la familia no se esperaba esta respuesta por parte de la Justicia.
En el procedimiento, la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa defendieron también la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constaban seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.
