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Poco a poco, la isla hondureña de Cayos Cochinos se va quedando sin concursantes de Supervivientes. Si hace unos días eran Adrián Rodríguez y María Lapiedra los que decidían abandonar de forma voluntaria, y Saray Montoya era eliminada después de recibir una expulsión disciplinaria, ahora es la modelo María Jesús Ruiz la que ha de coger un vuelo desde Honduras con destino a España, aunque en su caso por motivos judiciales ajenos a su voluntad, ya que el próximo lunes deberá comparecer como testigo en un juicio, aunque después podrá regresar al concurso, tal y como ha informado este mismo sábado el programa Socialité.
La exmiss España ha sido llamada por un juzgado de Jaén después de que interpusiera una denuncia por presuntos malos tratos contra su expareja y padre de su hija mayor, el empresario José María Gil Silgado. Tal y como recoge el Diario de Jaén, el abogado de la modelo intentó por todos los medios evitar la comparecencia de su cliente a fin de que pudiera seguir concursando en la isla y para ello presentó un aplazamiento de la vista oral alegando motivos laborales y aportando el contrato que firmó con la productora responsable del concurso de supervivencia.
Sin embargo, el Juzgado de lo Penal número 4 de Jaén ha denegado la petición de aplazamiento del juicio oral al entender que no hay razón para su suspensión, por lo que María Jesús Ruiz ha tenido que dejar precipitadamente el concurso con el fin de poder comparecer en los juzgados. Si no se presentara, tendría que hacer frente a una multa que podría oscilar desde los 200 hasta los 5.000 euros. Además, si la modelo volviera a faltar sin causa justificada, llegaría incluso a ser sancionada económicamente y se le podrían abrir diligencias penales por un delito de desobediencia.
Por lo pronto, el empresario se enfrenta a una condena de 22 meses de cárcel por delitos de amenazas y coacciones. Los hechos se remontan al año 2016, durante una de las rupturas sentimentales de la pareja. María Jesús Ruiz interpuso entonces una denuncia contra el padre de su hija mayor por un supuesto episodio de violencia de género. Todo ocurrió mientras el empresario se encontraba en prisión. Desde allí, habría enviado presuntamente varias misivas a la exmiss en la que le exigía que le llevara a la niña. "Si no accedía a estas exigencias, contará a los medios aspectos de la vida privada de ella, relativos a la forma en la que se conocieron o relativos a la comisión de hechos supuestamente delictivos", según consta en el escrito elaborado por el fiscal.
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