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Unas sevillanas tienen la culpa. Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella, ha tenido que regresar al Centro de Inserción Social de Algeciras, en la provincia de Cádiz, donde hasta hace un año cumplía su condena en régimen de tercer grado. La decisión se ha tomado después de la difusión de un vídeo, publicado por El Español, en el que el exedil aparece bailando sevillanas en una fiesta de estilo flamenco. En el mes de febrero, el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional accedió a la petición de Muñoz de cumplir lo que le faltaba de condena en su casa, con un dispositivo telemático de control, debido a su delicado estado de salud.
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Tras esta decisión, el abogado de Julián, Antonio José García Cabrera, ha anunciado su intención de interponer un recurso contra esta decisión de que regrese al CIS, aunque hasta que se resuelva deberá permanecer allí. El letrado asegura que desconoce los motivos, aunque el juez se ha pronunciado días después de que se hiciera público el mencionado vídeo.
El exalcalde fue encarcelado en 2013 y desde marzo de 2016 disfrutaba de un régimen de semilibertad, volviendo solo para dormir al centro penitenciario, tras dictaminar la Audiencia Provincial de Málaga que sufría de una enfermedad "muy grave con padecimiento incurable". En 2014, su hija Elisa hablaba por primera vez sobre el estado de salud de su padre, pidiendo "humanidad al juez y a los fiscales". "No puede ni dar dos pasos, es un anciano, no está bien de salud", resaltaba añadiendo que pesaba 30 kilos menos que cuando entró en prisión.
Julián Muñoz sufre de pluripatología crónica de carácter cardiovascular metabólico y respiratorio y su pronóstico "es desfavorable a medio plazo", aseguraba el auto por el que en febrero de 2017, después de numerosos ingresos de urgencia, se le permitió pasar las noches en su casa con un sistema de control telemático.
Sobre él recaen siete condenas sumando 22 años de prisión de los que cumplirá un máximo de veinte. Así lo estableció la Audiencia de Málaga debido a la acumulación de condenas por su implicación por corrupción en el caso Malaya, por el que cumplió dos años y medio en 2008.
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