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Dejando a un lado la tensa relación que han mantenido en los últimos años, la extenista Arantxa Sánchez Vicario ha viajado a España para estar con los suyos en un momento delicado. Arantxa se trasladó desde Estados Unidos, donde reside con su marido Josep Santacana y sus hijos, hasta Barcelona para ver a su padre, que sufre alzheimer y, a la salida del hospital, coincidió con su madre. Emilio Sánchez está ingresado en el hospital Quirón, tal y como informa Europa Press, desde hace más de dos meses -fue trasladado a la clínica a principios de diciembre-.
Los desencuentros de la exdeportista y su familia comenzaron en 2012 después de que revelara en su libro de memorias que la habían dejado en la ruina. “Me han dejado sin nada estoy endeudada con Hacienda y mis propiedades son muy inferiores a las que tiene por ejemplo mi hermano Javier, que a lo largo de su vida ha ganado mucho menos que yo” aseguraba en su libro Arantxa ¡Vamos! Memorias de una lucha, una vida y una mujer.
En noviembre de ese mismo 2012, la extenista presentó una querella contra su padre, Emilio Sánchez, su hermano Javier, el abogado Bonaventura Castellanos y el economista Francisco de Paula por haberse apropiado de más de 16 millones de euros de su fortuna. En su querella, Arantxa explica que ejerció de tenista profesional desde que tenía 14 años y hasta los JJOO de Atenas de 2004, y durante todo este periodo su padre y el abogado Castellanos asumieron todas las decisiones relativas a la administración de las empresas que ellos mismos iban constituyendo y dirigiendo con los poderes notariales otorgados por ella. Según la querella, la finalidad era "proteger su patrimonio e invertir los elevados beneficios económicos que la tenista ganaba".
La querellante sostenía que dada la "lógica confianza" en su progenitor y en el abogado de la familia no decidió implicarse en la gestión empresarial hasta el año 2005 cuando se encontró "por sorpresa" con que la Inspección de Hacienda le impuso una sanción de 5,2 millones de euros por liquidación incorrecta de su IRPF. Esta multa provocó una pérdida de confianza y la extenista asegura que encomendó una auditoría interna de las cuatro sociedades titulares de su patrimonio inmobiliario y financiero, de la que ella era la accionista mayoritaria.
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La jugadora afirma que esta auditoría reveló la existencia de numerosas órdenes de reintegro de fondos en efectivo y transferencias bancarias emitidas por su padre, su hermano, el abogado y una cuarta persona ajena al ámbito familiar por un importe total de más de 16 millones de euros, por lo que decidió revocar los poderes notariales y les requirió que aportasen la documentación para justificar aquellos gastos.
En el año 2015, la que fue campeona de Roland Garros llegó a un acuerdo con sus progenitores y desactivó las causas judiciales contra ellos. A cambio, recuperaba el uso de dos inmuebles, un piso en Barcelona (donde viven sus progenitores desde hace 20 años) y una casa en la Costa Brava.
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