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El Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) acoge desde este miércoles, 30 de septiembre, el juicio por el legado de Luisa Isabel Alvárez de Toledo y Maura, duquesa de Medina Sidonia (el ducado hereditario más antiguo de España, data de 1445), donde los hijos de la conocida como 'Duquesa Roja' reclaman sus derechos sobre su herencia.
Hace tres años, Leoncio, conde de Niebla; María del Pilar, duquesa de Fernandina; y Gabriel, iniciaron un proceso legal cuando, cada uno por separado y el mismo día, interpusieron una demanda en la que reclamaban la "inoficiosidad" de la Fundación Casa Medina Sidonia, creada en 1990 por su madre, para que los bienes que la integran (además del Palacio de los Guzmanes y el Archivo General, considerado uno de los archivos privados más importantes de Europa), vuelvan a formar parte de su caudal hereditario. Sería, en otras palabras, como 'deshacer' la Fundación para que los bienes integraran la cantidad total a repartir entre ellos.
El procedimiento, según ha detallado a la agencia EFE José Gómez Villegas, presidente del consejo asesor de la fundación (el órgano que tiene que velar para que se cumplan los estatutos de la entidad) se dirige contra Liliane Dahlmann, con la que la "Duquesa Roja" se casó poco antes de morir en 2008 y que es la actual presidenta de la entidad. Pero también, contra la propia Fundación y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, al que reclaman también la antigua iglesia de La Merced, que la Duquesa cedió al Ayuntamiento años antes de crear la fundación.
Si en el juicio se aceptara la "inoficiosidad" de la fundación, a los tres herederos les correspondería un tercio de esos bienes, salvo el primero de ellos, el mayor, que tendría derecho a un mayor porcentaje por el tercio de mejora. "Los demandantes han dado una valoración utópica de esos bienes de sesenta millones de euros, pero eso es pura teoría", explica Gómez Villegas, tras preguntarse cómo puede cuantificarse el valor monetario de un archivo que reúne documentos datados desde la Edad Media de diferentes familias o casas señoriales y que se ha convertido en un centro de referencia de documentación e investigación no sólo sobre las distintas ramas nobles, sino que también sobre los concejos, poblaciones, demarcaciones y rentas que gestionaron en España e Italia.
Para Gómez Villegas la movilización que se ha iniciado ante la incertidumbre de este proceso se basa en "un miedo bastante real" sobre un patrimonio cuyo futuro "está garantizado con la fundación" y que "forma parte de la historia de la ciudad". Su temor es que si los herederos de la Duquesa ganan este juicio, este patrimonio "se pueda dispersar". De hecho, le extraña que los hijos no impugnarán la constitución por parte de su madre de la fundación y de los bienes con los que la dotó y que sólo después de su muerte hayan reclamado su "inoficiosidad".
El presidente del consejo asesor de la fundación explica que la entidad defenderá en este proceso, en el que está personada la Junta de Andalucía, que la entidad fue creada "libremente" por la fundadora, la 'Duquesa Roja', con "una finalidad específica" porque "siempre quiso darle ese carácter público a esos bienes". Además del archivo, su "joya de la corona", el Palacio cuenta con tapices, obras de arte y otros valiosos bienes en un edificio que alberga además una pequeña hospedería de nueve habitaciones y una cafetería, cuyos ingresos, junto con las subvenciones de distintas administraciones, sirven para reunir los cerca de 400.000 euros que anualmente se invierten en su funcionamiento y conservación.
Según han explicado a Europa Press fuentes de la Fundación Casa Medina Sidonia, el palacio fue declarado Bien de Interés Cultural en su categoría de monumento en 1978, por lo que "constituye una unidad" tanto el continente como el contenido de dicho palacio. Además, en 1991, el palacio junto a sus colecciones artísticas y todo el patrimonio documental que en él se alberga, se convirtió por expreso deseo de su fundadora en un centro difusor de la cultura, naciendo así la Fundación Casa Medina Sidonia, que tiene como objeto preservar, difundir y promover el patrimonio histórico y artístico que en él se encuentra, sirviendo como instrumento de investigación y conocimiento.
Con estos fines, la Duquesa de Medina Sidonia solicitó para garantizar su futura conservación en 1978 la declaración de Bien de Interés Cultural al Palacio de los Guzmanes. Cabe recordar que el archivo desde 1962 y por expreso deseo la duquesa se encuentra ubicado y abierto a la investigación en el Palacio de los Guzmanes, con una extensión de 0,74 kilómetros de estantería y unos fondos organizados en 6.317 legajos.
El duque de Medina Sidonia, Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo, ha dicho que para él es "una obligación moral" defender como su herencia los fondos que su madre donó a la Fundación Casa Medina-Sidonia. Antes del juicio, se ha mostrado "esperanzado" de que en este proceso se reconozcan sus derechos como "heredero universal" y los de sus dos hermanos, que también demandan que su madre se excedió en las donaciones que hizo a esta fundación. Para el Duque, él y sus hermanos llevan "en los genes" la "obligación moral" de conservar unos fondos que su familia lleva cuidando durante 26 generaciones. Ha asegurado que "es imposible" que, si los tribunales les dan la razón, los fondos de esta fundación se dispersen. También al inicio del juicio, Gabriel González, el segundo hijo de la duquesa, ha ofrecido la posibilidad de llegar a un acuerdo con el resto de las partes, algo que han aceptado los abogados de la fundación, del Ayuntamiento de Sanlúcar y de la Junta de Andalucía y que el juez ha rechazado tajantemente al considerar que es "buena voluntad que carece de trascendencia".
Movilización ciudadana
La 'Duquesa Roja', nombre con el que se la conoció por la lucha antifranquista que llevo en su juventud y que acabó conduciéndola a la cárcel y al exilio, se dedicó a su regreso a España a poner en valor este archivo histórico que su familia había reunido desde el siglo XIII y que ahora protagoniza este litigio legal y una movilización ciudadana. Y es que la sociedad de Sanlúcar de Barrameda ya ha empezado a movilizarse para que el Palacio de los Guzmanes, que entre sus dependencias cuenta con la sede de ese archivo, sea una "unidad indisoluble puesta al servicio público y de la ciudadanía" tal y como ella quiso cuando la fundó hace 17 años. Para ello se ha creado una plataforma ciudadana que ha recabado los apoyos de una treintena de asociaciones locales y continúa en distintas redes sociales aglutinando adherencias ante la incertidumbre que se ha cernido sobre este Bien de Interés Cultural con este juicio que se celebrará hasta el próximo 30 de octubre. Comienza la 'batalla'.
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