La contaminación, y la repercusión que esta tiene en el bienestar de la sociedad, en la sostenibilidad del planeta y en la aceleración del cambio climático, se ha convertido en uno de los ejes sobre los que los gobiernos de distintos países deben hacer girar sus decisiones energéticas. En base a esto, la propuesta de ley de cambio climático anunciada el pasado 13 de noviembre por parte del Ministerio de Transición Ecológica, propone que los coches y vehículos comerciales de gasolina, diésel, gas natural o híbridos no se puedan matricular en España a partir del año 2040.
La medida en otros países
Con esta decisión se trata de cumplir con los compromisos internacionales firmados en el Acuerdo de París y que abogan por una lucha común contra el calentamiento global. A pesar de lo novedoso o sorprendente que haya podido resultar en España, es una medida ya propuesta en países como Francia (que se ha acogido a la misma fecha), Reino Unido (que además ha puesto 2050 como fecha límite para que los vehículos contaminantes puedan circular), Alemania, Dinamarca, Holanda e Irlanda (que lo harán en 2030) o Noruega (que tratará de acortar el plazo y alcanzar la meta en 2025).
Objetivo y repercusión
Lo que se busca con la propuesta es que en 2030 las emisiones globales de gases de efecto invernadero de nuestro país sean un 20% más bajas de lo que eran en 1990, lo que supondría un recorte de un tercio con respecto a las emisiones actuales.
La medida ha despertado todo tipo de reacciones en distintos sectores profesionales, siendo ampliamente aplaudida por organizaciones ecologistas y rechazada por la industria del automóvil. La Asociación Nacional de Fabricantes ha mostrado su desacuerdo con la medida por considerarla “excesiva en sus objetivos y acelerada en sus plazos”, algo que ha apoyado el responsable de automoción de Comisiones Obreras, que ha tachado al Gobierno de “inquisidor ecológico”. Por su parte, las ONG han mostrado su agradecimiento ante el proyecto de ley, pero consideran insuficiente el objetivo y han recordado que el Parlamento Europeo aboga por una reducción del 55%.
Además de la medida que repercute directamente a los automóviles, la ley también obligará a que los municipios con más de 50 mil habitantes cuenten con “zonas de bajas emisiones” antes del año 2023. Por la misma norma, y de aprobarse su entrada en vigor, España dejará de conceder y renovar cualquier autorización para la exploración petrolífera en todo el territorio nacional y esto incluirá el ‘fracking’ para la explotación de hidrocarburos.
